El Concejal-Portavoz del Grupo Municipal de IU-V en el Ayuntamiento de Lorca, José García Murcia, salía hoy al paso de las declaraciones realizadas días atrás por el Concejal de Hacienda, Fulgencio Gil, en las que tras informar que el Ayuntamiento de Lorca ha tenido que "volver a devolver" otra suma millonaria de dinero (1,1 millones de €) a los promotores del enésimo convenio urbanístico frustrado en nuestro municipio, anunciaba una estrategia procesal, la del allanamiento, con la que en términos generales IU-V está en desacuerdo.
Según García Murcia, IU-V no está a favor del allanamiento del Ayuntamiento en los pleitos pendientes y en los que puedan venir, ya que eso implica reconocer a quienes vinieron a especular con el suelo a través de los convenios "el derecho al reintegro de lo que apostaron en el casino del suelo en el que convirtieron a Lorca la pasada década". Un buen empresario, afirma García Murcia, es el que corre con el riesgo y ventura de su empresa y de su inversión, no el que hace apuestas sólo para ganar, asegurándose siempre "lo metido", como ya en su día dijera el Alcalde de Lorca.
El concejal de IU-V mantiene que el Ayuntamiento debe agotar por lo menos la primera instancia y sostener una defensa seria y rigurosa de los intereses económicos del Ayuntamiento. Además, no todos los convenios urbanísticos tienen las mismas cláusulas, ni todos acaban con el mismo Juez.
García Murcia afirma que ahora está de moda "estar contra los convenios urbanísticos", y que se están apuntando a esta moda todos los actores políticos de Lorca, pero lo cierto y verdad es que la única oposición a los convenios que hubo cuando tenía que darse es la que realizó IU. Entonces nos llamaron de todo, nos dijeron que estábamos contra el progreso de Lorca, contra el empleo, contra el desarrollo, y nosotros pusimos encima de la mesa toda una batería de argumentos urbanísticos, territoriales, ambientales, sociales y económicos que el tiempo, por desgracia, ha demostrado acertados.
El concejal de IU afirma que el acta fundacional de los convenios urbanísticos (en Lorca, en la Región de Murcia y en España) hay que situarla con la entrada en vigor de la Ley del Suelo de Aznar en 1998. A partir de esa Ley, que declaraba que España entera era urbanizable, pudieron hacerse planes generales de ordenación urbana como el de Lorca y pudieron firmarse miles de convenios urbanísticos en todo el país, que han acabado arruinando a muchos ayuntamientos, entre ellos al nuestro, que presenta un quebranto económico derivado de estas actuaciones que hoy paga el pueblo de Lorca cuando lo deberían estar pagando los responsables políticos que avalaron aquellas actuaciones.
Por último, García Murcia ha afirmado que el gran misterio en torno a los convenios urbanísticos sigue siendo "qué destino se dio al dinero recaudado por las arcas municipales". La Ley previene al respecto que ese dinero debería engrosar el patrimonio municipal del suelo, y no sólo no consta que ello fuese así, sino que la empresa que durante años gestionó ese patrimonio (SUVILORSA) está siete años liquidándose y costando grandes cantidades de dinero al Ayuntamiento.