El Servicio Público Postal, deficitario en buena parte del territorio español, también los es en la Región de Murcia. Especialmente en ámbitos no urbanos dependientes de Correos que han visto recortada su financiación presupuestaria por la prestación del Servicio Postal Universal (SPU) en un 66% (120 millones de euros) en 2017. El proyecto de Presupuestos Generales de 2018, vuelve a recortar esa cuantía, a la espera de concreción del debate presupuestario. Además, el Estado adeuda a la empresa postal más de 250 millones de euros que corresponden a los ejercicios de los últimos años.

Los perjudicados están siendo, sobre todo, los ciudadanos y empresas de zonas rurales. Ámbitos en los que el servicio prestado por Correos está experimentando un deterioro considerable, con medidas extremas como la supresión del Servicio. En este sentido, y a consecuencia de la reducción de medios y financiación con que cuenta Correos para la prestación del Servicio Público, la empresa ha recortado 15.000 empleos desde 2010, 150 de los cuales en la Región de Murcia que, además de provocar un grave deterioro del Servicio Postal, supone más paro en la Provincia.

"El recorte de servicios a los ciudadanos, especialmente en localidades como Totana, implica la desaparición o drástico recorte del reparto domiciliario de correspondencia, cierre de oficinas en zonas rurales o de escasa población, reducción de horarios de atención al público o supresión de puestos en el ámbito rural que actualmente prestan este servicio básico en miles de núcleos de población que se verán privados de acceso mínimo a los Servicios Postales."

El recorte contemplado en el Proyecto de PGE 2018 afectará a más de 16 millones de ciudadanos de medianas y pequeñas poblaciones como Totana y Aledo. Pueblo al que atiende la Oficina de Totana. En esta oficina, podrá implicar una reducción de dos carteros, debilitando el ya de por si recortado Servicio en una población que ha crecido 4.000 habitantes en los últimos 8 años y 10.000 desde 2001, según los datos del INE. El crecimiento de la población y demanda de este servicio básico ha sido paralelo al deterioro y recorte en el Servicio Postal en estos últimos años, desmantelando un Servicio que hace unos años era modélico en España.

A todo ello hay que sumar el anuncio de movilizaciones de los sindicatos de Correos, generando un conflicto laboral abierto en caso de no corregirse el recorte de la financiación y empleo, motivo añadido a la incertidumbre y preocupación por el futuro del Servicio Postal y el empleo.

"Por todo ello, elevamos a pleno una moción instando al Gobierno a corregir en el trámite parlamentario de los PGE en 2018 el recorte que está teniendo consecuencias claramente negativas para la ciudadanía, para Correos y sus trabajadores y trabajadoras y exigimos la restitución de los 120 millones de euros recortados en los PGE de 2017 para garantizar la prestación del Servicio Postal Universal y la viabilidad de la Empresa Pública."