La Asociación Nacional de Operadores Locales de Telecomunicaciones (AOTEC), que representa a las pymes del sector, ha mantenido una reunión con representantes de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, con la que ha iniciado una ronda de contactos con los responsables de los partidos políticos de la Cámara Baja con el fin de exponerles la capacidad tecnológica de las pymes de este sector, que "se miden en pie de igualdad cada día con las grandes compañías".

El presidente de AOTEC, Antonio García Vidal, y el vocal de la entidad, Diego Callosa, se han reunido con los diputados de Ciudadanos Vicente Ten e Irene Rivera, a los que les han expuesto su propuesta de que los incentivos a la extensión de la banda ancha, que en la actualidad se otorgan directamente a las empresas operadoras, se pongan en manos de los usuarios para que éstos puedan elegir la empresa en la que confían para que les conecte a Internet.

"Esto promovería una competencia igualitaria y aceleraría la creación de redes", asegura García Vidal, quien subraya que la conexión de banda ancha ha pasado a convertirse en un servicio esencial para el desarrollo de un municipio, tanto como la electricidad o el agua.

El presidente de AOTEC ha reivindicado la necesidad de que las normativas de telecomunicaciones contemplen a las pymes, y no sólo se centren en las empresas de ámbito nacional. En el caso de las ayudas del Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación, que copan las grandes firmas, señala que el acceso a las mismas es complejo para el operador local, que sin embargo, tiene capacidad tecnológica y son empresas saneadas económicamente.

"No es lógico que la pyme afronte con su esfuerzo la ampliación de su zona de prestación de servicios, sin apoyo público, y este vaya a parar a las grandes firmas, cuando ambas tienen capacidad tecnológica", explica. En este sentido ha recordado que en la convocatoria de ayudas de 2017 los operadores locales que concurrieron demostraron ser los más eficientes en el despliegue de redes al presentar el menor precio por habitante entre las solicitudes aprobadas por el entonces Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Por eso, Vidal defiende que las subvenciones se otorguen al consumidor final, ya sea empresa, administración local o la ciudadanía, para que este elija al operador local que contrate.

Los operadores locales de telecomunicaciones es un sector que surge en los años 80 de la mano de la televisión por cable y que ha evolucionado a empresas de telecomunicaciones con redes propias de banda ancha para facilitar internet y contenidos televisivos, además de completar su oferta con telefonía móvil y fija.

Además, estas empresas han contribuido a reducir la brecha digital al adelantar la llegada de las comunicaciones de banda ancha a las poblaciones en las que están asentados y que, por lo general, tienen menos de 50.000 habitantes. Al crear redes de banda ancha de gran capacidad, generan las infraestructuras para que las empresas puedan digitalizarse y crecer accediendo al mercado global, además de ofrecer una vía para la formación online y nuevas formas de ocio.

Los operadores locales son, además, generadores de empleo cualificado en zonas rurales, contribuyendo a fijar así la población a un territorio donde la producción agraria está cada vez más tecnificada y que también está llamado a experimentar la transformación digital.

La digitalización podría suponer un incremento del PIB de entre un 1,8% y un 2,3% hasta 2025, según el informe 'La reinvención digital: una oportunidad para España', elaborado por McKinsey y la Fundación Cotec. "Es un tren que no podemos dejar escapar en este país, porque supondrá generación de riqueza y de empleo aunque también cambios profundos en el modelo productivo, y los operadores locales podemos contribuir muy activamente a esto, comenzando por la creación de las infraestructuras que hacen posible este cambio", asegura García Vidal.

La Asociación Nacional de Operadores Locales de Telecomunicaciones ha mantenido a lo largo del último año una intensa actividad institucional, con el fin de hacer visible el sector y ponerlo en valor ante el Gobierno central y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), además de estrechar relaciones con el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones y con universidades como la Politécnica de Valencia y la Politécnica de Cartagena.