Indudablemente, las medias jornadas en Educación deberían siempre estar justificadas por necesidades reales comprobadas. Lo que no es coherente ni lógico es que se utilicen por parte de la Consejería de Educación de Asturias, en su mayor parte, para ahorrar dinero.
La calidad educativa está primero que la reducción de costes económicos. Y el empleo de calidad también. Si es preciso dedicar más dinero a la contratación de más profesores a tiempo completo pues se tiene que hacer. Como dice el sindicato ANPE, en el año 2012 había un porcentaje mucho menor del cuarenta por ciento de jornadas parciales para profesores interinos que en 2019. Y ya se ha superado la crisis económica en 2012..
Lo que es evidente es que muchos maestros y profesores interinos de Secundaria que logran la adjudicación de vacantes a tiempo parcial o media jornada si no viven en la misma ciudad o localidad en el que van a desempeñar su labor pueden no poder vivir de lo que ganan.
Con 800 euros aproximadamente, si tienen que ir a trabajar a otra localidad, gastan en transporte, carburante o alquiler tanto que casi no les merece la pena trabajar. A no ser porque cotizan a la Seguridad Social, por la experiencia y otras razones. Pero, si trabajan a una considerable distancia de su lugar de residencia casi no les compensa, en muchos casos.
La reducción del horario lectivo de los profesores de Enseñanza Media en Asturias a 18 horas ha supuesto que salgan 417 plazas vacantes más, pero con casi la mitad siendo medias jornadas, en realidad, las cosas no han mejorado significativamente.
La precariedad laboral como señalan los sindicatos educativos sigue presente. Además, por si no fuera suficiente, el número de plazas ofertadas tanto en la Oposición para Maestros como en la de Secundaria del curso pasado son muy insuficientes. Se pueden calificar de macro oposiciones pero, realmente, no lo son.
O bien, salen muchas más plazas cuando se convocan oposiciones o se reduce muy considerablemente la proporción de medias jornadas. Y también se pueden crear muchas más plazas vacantes enteras con las miles de jubilaciones, del orden de unas 4.000 que están previstas para los próximos años en el Principado de Asturias. Lo que no es entendible es que se amorticen o desaparezcan plazas cuando existen necesidades objetivas de más profesores.
La oferta pública de empleo debe dar ejemplo. La Consejería de Educación debería valorar más la estabilidad del profesorado interino que realiza una labor formativa extraordinaria. En consecuencia, debería priorizar una contratación en la que predominasen las jornadas enteras o completas en unos porcentajes del 85 al 95 por ciento, aproximadamente. Al no hacer esto se está empeorando las condiciones laborales de una considerable parte del profesorado interino.
Para más “cabreo”, se añade que en Comunidades Autónomas como Andalucía, País Vasco y Canarias a los profesores interinos que llevan trabajando más de diez o quince años se les prorroga el contrato de trabajo hasta su jubilación. En Asturias, en cambio, en Educación no se acepta una medida similar, de ninguna manera. A pesar de que sindicatos como Suatea están a favor de esto. Parece que es preciso esperar a que el Tribunal Supremo dicte sentencia favorable o que las instancias judiciales europeas afirmen que se está haciendo fraude de ley en relación con las contrataciones de profesores interinos en cierto número de casos.
Lo que está expuesto en este artículo es demostrable y no ha sido inventado. El derecho a protestar no se puede bloquear o censurar y es lo que les queda a los profesores interinos y a los sindicatos. Esperemos que sirva de algo y si no es así, tampoco viene mal poner de relieve la realidad de lo que está sucediendo. Luchar por los derechos y por un empleo con una remuneración digna y suficiente es algo necesario.
Esta es la realidad en la que vivimos, como en la sanidad que da pena y dolor, pues hay que tener enchufe hasta para morirse.
“Un poco más de justicia para todos los que llevamos toda una vida trabajando”, “y más igualdad entre comunidades”.