El alcalde de Totana, Juan José Cánovas, ha denunciado una "estrategia de estrangulamiento" al Gobierno municipal por parte de los grupos municipales de la oposición, lamentando que se hayan aumentado esta legislatura las asignaciones por asistencia a plenos hasta el 73% y, por el contrario, se rebajen un 19% el salario de los concejales con dedicación exclusiva.

El primer edil compareció ante los medios de comunicación para hacer un balance del pleno ordinario de septiembre, en el que, entre otros asuntos, se aprobó la propuesta de la Alcaldía, confeccionada en la Mesa de Trabajo que fue convocada para tal objeto; con los votos a favor del PSOE, PP, Vox y C´s, la abstención de Ahora Totana y en contra de Ganar Totana-IU.

En las últimas semanas se han celebrado varias reuniones de la citada Mesa de Trabajo constituida por el Pleno para estudiar propuestas que permitieran alcanzar el máximo consenso, "sin que ello haya supuesto el acuerdo o coincidencia plena con la propuesta debatida y aprobada finalmente, en contra del alcalde y el equipo de Gobierno", subrayó.

El regidor reiteró que la propuesta aprobada por el Pleno y que determinó la citada Mesa de Trabajo "se determinó en contra de los criterios de la Alcaldía por imperativo legal", ya que, según dijo, "es el alcalde quien está obligado a elevar esta propuesta para su debate y aprobación, sin que por ello estuviera de acuerdo con su contenido".

Además, Juan José Cánovas precisó que los concejales del Gobierno municipal, todos ellos de Ganar Totana-IU, no van a cobrar las indemnizaciones salariales con carácter retroactivo desde la fecha que tomaron posesión -hace tres meses-; mientras que, por el contrario, toda la Corporación y los grupos sí van a percibir sus asignaciones correspondientes por asistencia a órganos colegiados desde el pasado 15 de junio.

En virtud de este acuerdo se establecen las siguientes indemnizaciones por asistencias a órganos colegiados de la Corporación municipal para esta legislatura: pleno ordinario (400 euros), pleno extraordinario (180 euros), comisión informativa permanente (60 euros), junta de gobierno local (160 euros) y junta de portavoces (60 euros).

Además, el Pleno también acordó fijar una indemnización por asistencia a la junta de pedáneos de 60 euros para cada uno de los alcaldes pedáneos.

También se establecen, para este mandato, las siguientes subvenciones a los grupos políticos que conforman la Corporación municipal: trimestralmente, cada grupo político municipal percibirá una subvención de 250 euros, incrementada en la cuantía de 450 euros por cada concejal que lo componga, que se destinará a satisfacer los gastos de funcionamiento ordinario del mismo.

Esta subvención no se puede destinar al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de los grupos ni a adquirir bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial, tal y como recoge la normativa legal vigente.

Asimismo, se acordó que desempeñarán sus cargos en régimen de dedicación exclusiva cinco tenientes de alcalde, estableciéndose el siguiente régimen de retribuciones por el ejercicio de sus responsabilidades (importes brutos anuales a abonar en catorce mensualidades): 38.000 euros brutos anuales al alcalde-presidente y 22.790 euros brutos anuales a los 5 tenientes de alcalde, todos ellos en régimen de dedicación exclusiva.

Al respecto, el alcalde explicó que sólo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados municipales.

A colación de este asunto, el alcalde anunció que, por el momento, se van a liberar el alcalde y tres concejales del equipo de Gobierno (Agustín Gonzalo Martínez, Pedro José Pérez y Javier Baños), lo que no es óbice que el resto lo hagan más adelante en función de sus circunstancias personales y profesionales.

Tras las elecciones municipales del pasado mes de mayo y a pesar de que la Administración local ha continuado funcionando con normalidad, la Corporación municipal de Totana presentaba una situación de interrupció institucional como consecuencia de la falta de acuerdos entre los grupos municipales para las condiciones de funcionamiento de estos y las asignaciones a los corporativos del gobierno y la oposición.