La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales (CROEM), junto a sus confederaciones territoriales COEC y CECLOR y las 65 asociaciones sectoriales que la integran, reclama medidas contundentes, decididas y reales para proteger a miles de empresas, a las que se suman miles de autónomos, de nuestra comunidad autónoma.    Los empresarios de la Región de Murcia reivindican una vez más el trabajo de médicos, farmacéuticos, enfermeros y auxiliares de farmacia, celadores, etc., tanto del sector público como privado, que ha permitido salvar muchas vidas, curar a contagiados y afrontar una situación inaudita y de unas magnitudes desconocidas a la que todos ellos han tenido que hacer frente en unas condiciones, en ocasiones, precarias. Esos más de 30.000 sanitarios infectados son la prueba. A este trabajo hay que unir el de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Junto a ellos, CROEM y las organizaciones y empresas que representa ponen en valor el extraordinario trabajo de las personas y empresas que se dedican a la atención de nuestros mayores y de las personas más vulnerables en esta situación de epidemia. Así se ha reconocido en anteriores comunicaciones porque no siempre se ha tratado con justicia y equidad la labor que están desempeñando.

La capacidad de trabajo, la responsabilidad y la humanidad demostrados por estos profesionales es complementado con el de los miles de empresarios y trabajadores de actividades esenciales que han estado y están en primera línea. También el de aquellos que se han ido incorporando cuando el Gobierno así lo han determinado y el de esos miles que ven con mucha preocupación cómo su negocio peligra por la parálisis a la que se ven sometidos por culpa de la pandemia. Si para cualquier ciudadano se hace duro vivir estos días, para aquellos de cuya actividad depende no solo el bienestar propio sino el de otras familias, más aún.

Por eso reivindicamos siempre a las empresas como parte imprescindible de la solución a la crisis económica que va a aparejada a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus y que sigue sumando aún fallecidos a cientos en nuestro país, por suerte con una aparente tendencia a la baja.

Estamos en un momento crítico en términos económicos y de empleo, por este motivo CROEM y sus asociaciones empresariales siguen reclamando actuaciones claras que no admiten demoras:

A todas las Administraciones Públicas:

1. Recordar que la mejor política social es favorecer que las empresas mantengan los puestos de trabajo Los trabajadores son el mejor activo de las empresas y cualquier decisión de reducción de plantilla es siempre la última opción para los empresarios. Todas las políticas deben orientarse a eso.  

2. Adoptar todas las medidas que planteen en el marco del Diálogo Social, y con el máximo consenso posible, no con decisiones unilaterales.  

3. Dotar de un marco de mayor certidumbre y seguridad jurídica a las medidas y normativa aprobadas.  

4. Salvaguardar la libertad de empresa reconocida en la Constitución, evitando intervenciones públicas, que, bajo el pretexto de esta situación extraordinaria, entorpezcan la adaptación de cada iniciativa económica y, por tanto, el mantenimiento de puestos de trabajo a corto y medio plazo.  

5. Evitar los mensajes generalizados, confusos o incompletos que, persiguiendo tranquilizar a la población en general, perjudican y menoscaban la imagen o la situación de las empresas.

Al Gobierno de España:

1. Suspender el pago de impuestos (pagos fraccionados del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades, retenciones e IVA, correspondientes al primer trimestre del año) y tasas, así como del cumplimiento de otras obligaciones tributarias, sobre todo para actividades no calificadas como esenciales y que están directamente afectadas por la situación de crisis actual.  

2. Compensar de forma automática el pago de impuestos con las deudas que las Administraciones Públicas tengan con empresas con las que contraten.  

3. Ampliar el plazo de presentación de la declaración del I.R.P.F. 2019 durante al menos tres meses y acelerar las devoluciones al máximo posible.  

4. Reducir los módulos del IRPF y del IVA, en proporción al periodo durante el que los autónomos no pueden desarrollar su actividad con normalidad por la crisis.   

5. Seguir intensificando las devoluciones de IVA, de especial impacto en las empresas exportadoras.  

6. Establecer líneas financieras totalmente bonificadas, dirigidas especialmente a financiar capital circulante y una tramitación automática de su concesión.

7. Establecer medidas de apoyo para el pago del arrendamiento de locales de negocio.  

8. Tomar las medidas necesarias para la tramitación urgente y en el menor plazo posible de licencias y autorizaciones administrativas para la ampliación o apertura de actividades económica.  

9. Dotar de seguridad jurídica y certidumbre a las empresas y trabajadores sobre tiempo de tramitación de los ERTEs y cuándo se percibirán las prestaciones de desempleo, evitando de esta manera posteriores revisiones que pudieran generar incertidumbre e inseguridad jurídica a las empresas. Exigir el pago inmediato de los mismos a todos los trabajadores.  

10. Explicitar y ampliar las causas por las que las empresas pueden acogerse al ERTE por causas de fuerza mayor, por ejemplo productividad.  

11. Autorizar los ERTES de suspensión de contrato o reducción de jornada más allá de la estricta duración del estado de alarma, como instrumento decisivo para garantizar la viabilidad de las empresas y permitir volver a poner en marcha paulatinamente la actividad, consolidando de nuevo los flujos de clientes y proveedores.  

12. Eliminar la condición de mantenimiento de las plantillas seis meses después de la finalización del Estado de Alarma para beneficiarse de las exenciones en el pago de las cotizaciones en los casos de ERTESs por fuerza mayor.  

13. Reducir el plazo de notificación a los afectados por ERTEs y a la representación legal de los trabajadores, en su caso. Si no hubiera esta representación, comunicar la propuesta a los sindicatos que hayan negociado el convenio, sin abrir plazo de negociación en el caso de empleadores.   

14. Posibilitar excepcionalmente que las vacaciones, hasta un máximo de quince días, se disfruten en este período concreto, previo acuerdo de empresa y trabajadores.  

15. Exonerar, por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, el abono de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta mientras dure el período de suspensión de la actividad por decisión gubernativa, manteniéndose la condición de dicho período como efectivamente cotizado por el trabajador.  

16. Eximir el coste de los complementos de IT durante el estado de alarma.  

17. Proceder de oficio a conceder aplazamientos en el pago de las cotizaciones en los sectores más afectados. Principalmente urgente para los sectores sanitarios, educativo, construcción, atención a la dependencia, hostelería, ocio, turismo y comercio.   

18. Flexibilizar temporalmente las condiciones para poder llegar a acuerdos de prejubilación.  

19. Revertir la última medida aprobada por Decreto-ley relativa a la utilización de los fondos de formación para sufragar políticas pasivas de empleo, porque supone un retroceso claro en la apuesta por la cualificación de los trabajadores desempleados.

Al Gobierno de la Región de Murcia:   

1. Reforzar y dar prioridad a la línea de financiación especial con motivo del COVID-19 que impulsaron CROEM, AVÁLAM e INFO junto a las entidades bancarias para dotar de liquidez a pymes y autónomos. Ampliar dicha línea en tiempo y cuantía en tanto en cuanto sea demandado por las empresas.  

2. Habilitar una línea de ayudas directas a PYMES y autónomos para compensar los pagos de las cotizaciones de la Seguridad Social y otra para las inversiones en digitalización y adaptación al teletrabajo que incluya material informático, hardware, software, web con asesoramiento y mantenimiento, así como los gastos necesarios para implementar medidas sanitarias, como mamparas, guantes, mascarillas, geles, máquinas de ozono, asesoramientos, etc., para los ejercicios 2020 y 2021.  

3. Reducir los impuestos autonómicos que recaen específicamente sobre los sectores que han visto suspendida su actividad durante el estado de alarma.  

4. Incluir en las políticas de empleo incentivos a la continuidad de las empresas y sus plantillas, especialmente las pymes; políticas que eviten la cronificación en el desempleo de los jóvenes y las personas de más de 45 años; disminución de los plazos de pago de las administraciones a las empresas; incremento de la formación en competencias digitales de todos los ciudadanos; y un marco fiscal favorable a la inversión. 5. Acelerar los pagos pendientes a todas aquellas empresas que hayan solicitado una ayuda o subvención, o tienen pendiente alguna devolución por la Administración autonómica (recursos ganados, fianzas depositadas). 

A los Gobiernos de todos los municipios de la Región de Murcia:    

1. Reducir con carácter general el Impuesto de Actividades Económicas, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y las tasas vinculadas al desarrollo de la actividad empresarial (residuos, agua, vados, impuesto de circulación, entre otras) en todos los sectores. Y particularmente llegar a la exención en aquellas actividades que más están sufriendo la situación de crisis.  

2. Generalizar la aplicación del silencio administrativo positivo y el sistema de declaración responsable.  

3. Diseñar estrategias de empleo y programas de ayudas que atiendan de forma específica las particularidades de su tejido productivo y refuercen las líneas estatales o autonómicas.  

4. Crear un sistema de promoción para toda actividad empresarial, fundamentalmente para los sectores más afectados, como comercio, turismo, restauración, hostelería, etc.   

Estas demandas van encaminadas, desde el primer día que se expusieron, a salvaguardar la actividad económica y, con ella, el bienestar de empresarios, trabajadores y, en definitiva, sociedad en general.     

Por todo lo dicho, CROEM y sus asociaciones empresariales piden que se reanude toda la actividad que sea posible y, en especial, en sectores que están sumidos en una situación especialmente grave: el comercio y el turismo y la hostelería.   

El comercio, los bares, los restaurantes, las cafeterías, los hoteles y todos los demás establecimientos asociados al ocio viven un momento dramático que requiere de un plan de choque urgente porque no se puede plantear otro horizonte que no sea el de la celeridad en la reanudación de las actividades.   

Es urgente que el Gobierno de la nación, que es quien tiene las competencias al respecto, plantee un nuevo marco de actuación que, con todas las garantías de prevención y seguridad para empresarios, trabajadores y público, amplíe el actual escenario sobre criterios responsables.

CROEM y sus confederaciones territoriales y asociaciones integradas piden en este sentido un voto de confianza a los empresarios de estos sectores, que son los primeros interesados en proteger a sus equipos y colaboradores y, por supuesto, a sus clientes. Castigar sin un horizonte claro la importante actividad de los servicios en un país que tiene en el tercer sector su gran fortaleza, solo puede traer un retraimiento de la actividad económica y del empleo, es decir, los dos factores que permiten pagar impuestos. Y sin impuestos no hay estado de bienestar.

Finalmente, este manifiesto quiere ser un llamamiento no solo a quienes ya tienen un negocio sino a aquellos que sienten la inquietud de ser empresarios. CROEM y sus asociaciones siempre van a reivindicar que cualquier persona reciba el apoyo necesario, sea el momento que sea, para poner en marcha de manera inmediata una actividad económica, un negocio sea del sector que sea, porque ello contribuye a la creación de riqueza y empleo.

Por este motivo, los empresarios insistimos una vez más en la imprescindible eliminación de trabas burocráticas y en la aplicación inmediata de dos medidas: silencio administrativo positivo generalizado e inicio de la actividad con declaración responsable (antes apuntadas en las demandas a todas las administraciones públicas).   

El objetivo de todo este conjunto de medidas es paliar el desastre económico que vendrá asociado a la pandemia y que exige unidad de criterios y de acción en lugar de división y confrontación.

Los empresarios, como pieza fundamental de la sociedad civil, así lo reclaman porque es fundamental generar seguridad jurídica, confianza y demostrar, y esto le corresponde a nuestros representantes políticos, que la reducción de costes en las Administraciones es ahora mismo tan prioritaria como impulsar la actividad empresarial.