Se propone formalizar una operación de préstamo de 7,5 millones de euros para afrontar las nuevas necesidades de financiación correspondientes al ejercicio 2022

La concejala de Hacienda, Verónica Carricondo, va a elevar una moción al pleno ordinario de marzo con el fin de formalizar una operación de préstamo de 7.515.731,01 euros para afrontar las nuevas necesidades de financiación correspondientes al ejercicio del 2022.

Esta operación se efectuaría con cargo al Fondo de Ordenación del Real Decreto Ley 17/2014 de 26 de diciembre de medidas de sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

El Pleno tratará de aceptar las medidas que en su caso acordó el Ministerio de Hacienda de las condiciones contenidas en el Plan de Ajuste y de aquellas otras condiciones que el Ministerio considere necesaria para el saneamiento financiero del municipio.

La propuesta recoge aprobar la formalización de esta operación de crédito a largo plazo por importe máximo 7.515.731,01 euros, con la entidad financiera gestora del ICO, y todo ello en el ámbito del Fondo de Ordenación al que se encuentra adherido este Ayuntamiento.

De esta cantidad, 4.008.975,40 euros corresponden a sentencias judiciales y 3.506.755,61 euros a vencimiento de operaciones financieras.

Mediante acuerdo plenario del 15 de julio de 2015 se aprobó la adhesión al Fondo de Ordenación derivado del ámbito subjetivo recogido en el artículo 39.1.b. del Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, por el que se indicaba que podían acogerse a dicho Fondo, los municipios que no pueden financiar sus operaciones de crédito en condiciones de prudencia financiera.

Además de financiar las operaciones financieras concertadas con las entidades bancarias en aplicación de los criterios de prudencia financiera, el citado Fondo de Ordenación permite obtener liquidez para poder hacer frente a los vencimientos derivados de las deudas que, en el marco del mecanismo de financiación del pago a proveedores, estaban siendo objeto de compensación mediante las correspondientes retenciones en la Participación en los Tributos del Estado.

Dichas adhesiones conllevaban asimismo, la aprobación simultánea de un Plan de Ajuste el cual contenía la deuda viva con la que contaba el Ayuntamiento, así como las proyecciones de los diferentes indicadores económicos municipales en aplicación de las medidas cuantificadas en el mencionado plan.

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