Los populares instan a que se establezcan medidas que supongan un ahorro energético real y rigurosamente calculado, en vez de "ocurrencias" que no han sido pactadas ni con los ayuntamientos, ni con las Comunidades Autónomas.
Isabel García Merinos, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Totana, ha manifestado que el "apagón" impuesto de forma unilateral a los establecimientos comerciales y monumentos por parte del gobierno de Pedro Sánchez es perjudicial para Totana y según las previsiones, se va a traducir en una caída de la actividad comercial y hostelera, especialmente con la llegada del otoño, cuando los días son más cortos y anochece antes. Este retroceso llega en el peor momento posible, ante un escenario de crisis socioeconómica que está golpeando de lleno a todas las familias. Los precios de los alimentos más básicos se han disparado, así como la gasolina, el gas, los impuestos y tasas, y, por si fuera poco, la revisión de las hipotecas va a incrementar notablemente el dinero que las familias tienen que destinar a pagar a los bancos.
Está claro que el apagón general del municipio es una imposición errónea que llega en el peor momento, puesto que invita a los ciudadanos a no salir de casa, además de constituir un elemento muy negativo para la seguridad de las personas. Vamos a ver calles totalmente vacías y a oscuras. Fuentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo Policía Nacional y Guardia Civil, ya han alertado que, a menos luz, más facilidad para delinquir, lo que se puede traducir en un incremento de robos. Así, Jucil -asociación de guardias civiles- ha advertido queno se está gobernando desde "el sentido común"y recuerdan que,además del perjuicio económicoque puede suponer para los comercios,puede haber un incremento de robos y otros problemas, no solo en las tiendas en sí, también para los ciudadanos.
El Sindicato Unificado de Policía ha asegurado que con más luminosidad en las vías públicas es obvio que se aumenta la seguridad en los individuos.Por un lado,de una forma subjetiva de seguridad entre la ciudadanía y, por otro lado, de una forma objetiva en la que los delincuentes huyen de la exposición pública y de la luz para cometer delitos.
Esta medida no constituye una opción seria, rigurosa ni sopesada, además de no haber sido pactada con ninguna de las administraciones afectadas. Es evidente que todos tenemos que aportar para conseguir ahorrar energía ante los problemas de abastecimiento que atraviesa toda Europa, pero ese plan tiene que ser fruto de un consenso general, y salir de un diálogo abierto y participativo con las diferentes Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.
Existen múltiples opciones que sí supondrían un ahorro energético real e incluso superior al de esta medida. Estamos hablando de alternativas que el gobierno socialista no dejó que se pusieran sobre la mesa en la reunión sectorial con el Ministerio de Transición Ecológica.
Cabe recordar que el Partido Popular elaboró un plan de ahorro energético en el alumbrado exterior de la localidad, que supuso la renovación y modernización de todo el sistema de alumbrado público, lo que se tradujo en una sensible reducción del gasto energético del Ayuntamiento. Tras esto, emprendimos los trámites para hacer lo propio en el interior de las instalaciones municipales, una iniciativa que fue bloqueada por los gobiernos posteriores, y en la que no se ha avanzado nada. Su aplicación constituiría un ahorro notable de energía, que ya podría estar en marcha.