Casi quinientas explotaciones agrarias quedarán hoy sin suministro de agua, en su gran mayoría destinadas al cultivo de uva de mesa que en muchos de los casos están a punto de recolectarse, con lo cual, tienen casi toda la inversión hecha y no van a poder recolectar. En otros casos son parcelas destinadas al cultivo de melón o sandia que correrán la misma suerte. Una ruina total para estas quinientas familias que en la mayoría de los casos con todo el trabajo hecho no van a poder recolectar, asegura García Cánovas.
En los últimos días hemos visto como el portavoz del PP en la Asamblea Regional Jesús Cano nos anunciaba las bondades de la ampliación del decreto de sequía, todo esto son discursos vacíos que a nadie convencen si no van acompañados de medidas. Si hubiese hablado con su compañero Juan Pagan, que si que conoce bien la zona le hubiera explicado que ni una sola de las medidas que exponía se ha puesto en marcha en Totana.
Los regantes de Totana no entienden (y alguien debería explicárselo) que tengan una finca en Hellín con unos pozos de su propiedad y no puedan traerse el agua.
No entienden que después de muchos años de prometernos el PP los “Bancos de Agua”, a fecha de hoy no se les permita trasvasar un agua que les venden y que están dispuestos a pagar.
Tampoco entienden que una medida a la que tanto rendimiento le ha sacado el Partido Popular como es la tubería que transportará el agua de la desalinizadora de Águilas al Valle del Guadalentín esté completamente terminada, en carga, con las conexiones hechas y a falta tan solo de que alguien de la orden de abrir la llave.
Termina diciendo el portavoz socialista que no entiende esta parálisis del PP, que van a permitir llevar a la ruina a quinientas familias (de momento), estando el agua ahí y solo haca falta quien de la orden de abrir llave. Además de exigir que el decreto de sequía contemple la extracción de agua de las fincas de Hellín la autorización para transportar el agua comprada en otras cuencas, la puesta en marcha de los pozos de sequía y la aprobación por parte del Ministerio de un trasvase de 40 hectómetros.