El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Murcia ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por SOCAMEX, SA y Urbaser, SA, contra la presunta desestimación por silencio administrativo de la solicitud de liquidación del contrato de concesión del servicio público de abastecimiento de agua potable a domicilio y alcantarillado que se produjo en julio del 2012.
El alcalde, Andrés García, y la concejal de Hacienda, Ana María Cánovas, han dado cuenta de la sentencia conocida hoy, ante la que cabe recurso, y que obligaría al Consistorio totanero a abonar a la antigua concesionaria más de 5,9 millones de euros, costas procesales causadas en el procedimiento aparte.
El primer edil ha anunciado que los servicios jurídicos del ayuntamiento están estudiándola "con detenimiento" pero ha adelantado que "aunque la sentencia no es firme, posiblemente no se recurra"; porque la demanda inicial de la empresa Urbaser, SA reclamaba cerca de 10 millones de euros por el perjuicio causado tras romperse de forma unilateral dicho contrato de explotación en la anterior legislatura.
Precisamente, esta concesionaria había efectuado un pago anticipado del canon de prórroga del contrato y del canon de revisión de tarifas por importe de 6,2 millones de euros, que no invirtieron en la mejora de la red de agua potable y abastecimiento, según ha explicado el regidor de Totana.
Los responsables municipales han recordado que éste se rescindió antes de su vencimiento alegando problemas de rendimiento técnico de la red y han lamentado que ésta "no es una buena noticia" porque reconoce una deuda añadida que han de pagar todos los vecinos y vecinas de Totana, que "es herencia de otras legislaturas".
Además, a esta situación se añaden las limitaciones y medidas que impone el Ministerio de Hacienda al Ayuntamiento con el Plan de Ajuste para hacer frente al día a día en la actividad municipal.
El alcalde ha subrayado que al principio de legislatura este Gobierno municipal encontró una deuda de más de 8 millones de euros con la Mancomunidad de Canales del Taibilla, que se está solventando; y que se suma a los seis millones de euros de esta sentencia.
En la actualidad, la deuda del Consistorio totanero supera los 121 millones de euros (180 si se incluyen las contingencias, según se desprende del estudio económico-financiero elaborado a principios de esta legislatura); por lo que para pagar la sentencia a Urbaser el ayuntamiento debería acogerse a los fondos de ayuda del Estado a entidades locales de próximo ejercicio, porque para los actuales ya está fuera de plazo, según precisaron.
