La consejera de Transparencia, Participación y Portavoz, Noelia Arroyo, se sometió hoy en la Universidad de Murcia a las preguntas y dudas de alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y de otros centros en un diálogo abierto con el objetivo de fomentar la cultura de la Transparencia, la Participación y el Buen Gobierno.
Arroyo respondió preguntas sobre transparencia, política regional y local con motivo del Día Internacional del Derecho a Saber, e indicó que se trata de una jornada que "tenemos que celebrar no solo hoy, sino todos los días".
Ante la cuestión de si la transparencia es una moda, la consejera afirmó que "existe una demanda social para incrementarla y es una obligación hacerlo, porque quien piense que puede ocultar datos o distraer la atención está equivocado".
Arroyo dijo echar en falta una mayor participación de los ciudadanos y aseguró que se están poniendo en marcha "todas las herramientas para aumentarla", así como iniciativas para dar a conocer el portal de la Transparencia y Participación de la Comunidad en centros escolares y de mayores "para que todos sepan y puedan usar estos canales de implicación".
La consejera señaló que "no se puede descargar la responsabilidad de una baja participación en los ciudadanos porque tienen que saber que pueden participar y la obligación del Gobierno regional es hacérselo saber".
También respondió sobre política autonómica y local y destacó la cercanía de la política local a los ciudadanos. "Los vecinos te paran por la calle y te interrogan sobre cuestiones muy concretas que les afectan en su día a día. Esto puede parecer una cuestión menor, pero no lo es".
En su intervención, Arroyo informó de la forma y los canales que los ciudadanos tienen para participar en los presupuestos participativos del año 2019, que se presentarán el próximo lunes, con propuestas y con la posibilidad de votar los porcentajes que se destinen a las diferentes áreas.
El Día Internacional del Derecho a Saber se celebra el 28 de septiembre, una iniciativa reconocida por las Naciones Unidas en la que se reclama el derecho a acceder a la información de las administraciones públicas como vía esencial para facilitar la participación ciudadana y garantizar la rendición de cuentas.
